El Estado y los feminicidios en Cuba

Entre la indiferencia y la complicidad

Por Darío Alejandro Alemán
El Estado y los feminicidios en Cuba: entre la indiferencia y la complicidad

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La rutina diaria de Arelis Almares Alberteris, de 40 años, comenzaba muy temprano, cuando montaba su bicicleta y pedaleaba hasta el hogar de ancianos del municipio holguinero Urbano Noris, donde trabajaba como fisioterapeuta. Al caer la tarde, hacía el recorrido inverso por la misma calle, poco transitada y rodeada de matojos, que separaba su casa de su centro laboral.

—Así pasaba los días, y era muy feliz— dice Nancy Alberteris, su madre, que para enero de 2023 veía con muy buenos ojos que su hija hubiese empezado una nueva vida «lejos de él y a pesar de él».

«Él» es René Ferias, expareja de Arelis. Estuvieron casados por más de veinte años, hasta el día en que él descubrió que ella tenía otra relación. René no se lo tomó nada bien. La acosó durante varios meses, cada vez más seguido, cada vez de maneras más agresivas. En diciembre de 2022 la violó y amenazó con matarla. Arelis fue de inmediato a la estación de policía del municipio e hizo la denuncia. Él fue detenido poco después. Hasta entonces, no contaba con antecedentes penales.

—Él lloró lágrimas de cocodrilo delante de los oficiales. Prometió que no la iba a volver a tocar ni a molestar, que la iba a dejar en paz. Mi hija era muy noble y, porque quería mucho a la familia de ese hombre, pidió que no lo metieran preso y que solo le hicieran una carta de advertencia— dice Nancy, que evita siempre mencionar el nombre de aquel sujeto.

Las autoridades policiales, desobedeciendo lo establecido en el artículo 17 de la Ley 142/2021 («Del Proceso Penal»), conociendo la gravedad de los delitos cometidos, accedieron a la petición de la víctima y no llevaron el caso a la fiscalía. Esta negligencia acabaría por costarle la vida a Arelis.

Casi un mes después, a las siete de la mañana del 26 de enero de 2023, mientras recorría en bicicleta la callejuela de siempre, Arelis fue sorprendida por su expareja, que había pasado casi toda la noche a la intemperie, escondido bajo un pequeño puente. Estaba ebrio. Llevaba un machete en la mano.

El 6 de septiembre del mismo año, un tribunal condenó al ciudadano René Ferias a la privación perpetua de su libertad por el asesinato de Arelis Almares Alberteris, un crimen que tuvo como agravante el haber sido cometido «por razones de violencia de género». De acuerdo al subregistro del Observatorio independiente de Género de la revista Alas Tensas (OGAT), se trató del cuarto feminicidio, totalmente comprobado, que se cometió en Cuba durante 2023.

En la noche del 13 de junio, en el pueblito de Zulueta, Villa Clara, se fue la electricidad. El apagón sorprendió a Dayris Fuentes Chávez, de 35 años, en plena calle, y así, bajo aquella penumbra, echó a andar por el camino que siempre atravesaba para ir rumbo a su casa, donde la esperaba su hija de 11 años.

Nunca le preocupó recorrer esa zona, ni siquiera sola en plena noche. Zulueta, excepto en tiempos de parrandas, es un lugar tranquilo y seguro. De hecho, lo único que preocupaba a Dayris por esos días —y más que preocupar, la hartaba— era el acoso constante de su expareja, un sujeto al que todos conocen en el pueblo como «el Mexicano», que llevaba varios meses insistiéndole en retomar la relación.

—El Mexicano se obsesionó con ella y la perseguía por todo el pueblo. Si ella estaba en el parque, allá iba él a acosarla y amenazarla. Lo mismo si estaba en un cumpleaños o en una discoteca. No la dejaba tranquila y la trataba como si fuera un objeto de su pertenencia. Dayris nunca hizo la denuncia porque no confiaba en la policía. Zulueta es un pueblo pequeño, hay una sola unidad de sector y todo se sabe de todos. Así que la policía sí conocía de esta situación— dice Y., amiga de la infancia de Dayris, que pidió mantener su identidad en el anonimato.

Dayris no llegó a su casa esa noche. A la mañana siguiente encontraron su cuerpo en medio del camino. Había sido asesinada con un arma blanca. De inmediato, la policía detuvo a su expareja, quien reconoció ser el autor del crimen. El feminicidio de Dayris fue contabilizado por el OGAT como el número 43 en lo que iba de año. En los casi cinco meses que lo separaban de la muerte de Arelis, se habían cometido al menos 39 feminicidios más en Cuba.

Durante 2022, se cometieron en Cuba un mínimo de 36 feminicidios, según el OGAT. En 2023, hasta el momento de publicación de este reportaje, la cifra de los observatorios asciende a 84, entre uno y dos por semana. También informaron de nueve intentos de feminicidios.

Según un reporte del diario oficialista Granma, el pasado 18 de diciembre, durante el VII Pleno del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) y en medio de muchas denuncias por parte de grupos de activistas y la sociedad civil ante el aumento de los feminicidios, la fiscal general Yamila Peña Ojeda reveló que al cierre de 2023 ocurrieron en el año «117 hechos por muertes violentas de mujeres», siendo las provincias de Matanzas, La Habana y Santiago de Cuba las de mayor incidencia en estos hechos. Las autoridades cubanas no especifican si estas muertes violentas fueron por motivos de género y mucho menos las llaman feminicidios. Además, resulta ambiguo el marco temporal al que refiere el informe de esta funcionaria. Las autoridades cubanas tampoco ofrecen los nombres de las víctimas ni los contextos en que se cometieron dichos crímenes. Este reportaje, por tanto, se basa en los subregistros publicados hasta ahora por los observatorios de género que trabajan de manera independiente.

Dayris Fuentes y su hija
Dayris Fuentes Chávez junto a su hija.
Acuerdos incumplidos

Desde la I Conferencia del Plan de Acción Regional para la Integración de la Mujer en el Desarrollo Económico y Social de América Latina, celebrado en La Habana, en 1977, el Estado cubano ha participado en todos los eventos regionales relacionados con la defensa de los derechos de las mujeres, a excepción de los convocados por el sistema interamericano —como la Convención de Belém o Pará (1994)— por no ser parte de este.

Además, es firmante de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer de la ONU (1979), en la que los Estados signatarios se comprometieron a garantizar la igualdad de oportunidades y derechos de las mujeres ante la ley. Hasta cierto punto, cumplió con lo firmado, y durante décadas estuvo a la vanguardia en el continente en lo referido a políticas públicas centradas en este tema. Cuba fue, incluso, el primer país de América Latina en permitir el aborto en su sistema nacional de salud, en 1965.

En 2016, el Estado cubano se comprometió también a cumplir con lo establecido en la Estrategia de Montevideo para la Implementación de la Agenda Regional de Género en el Marco del Desarrollo Sostenible hacia 2030, que solicita a los Estados que realicen y promuevan trabajos estadísticos que permitan visibilizar «las múltiples e interrelacionadas formas de discriminación por motivos de género». Seis años después, durante la XV Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, firmó el llamado Compromiso de Buenos Aires, un documento que dicta, entre otras cosas, que los signatarios deben «promover y fortalecer la efectiva protección de los derechos de todas las mujeres defensoras de derechos humanos», reconocer el papel fundamental en la sociedad de las organizaciones no gubernamentales y los movimientos de mujeres y feministas, y producir estadísticas que ilustren las dimensiones de las brechas de género y la violencia machista.

Para octubre de 2023, durante la 65 reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia regional sobre la Mujer, organizada por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Cuba debía mostrar cómo iba la implementación de todos sus compromisos en materia de igualdad, derechos y protección de las mujeres pero, en su lugar, se defendió con un discurso muy ambiguo y esquivó temas relacionados tanto con la violencia de género como con el activismo feminista.

Si bien durante la segunda mitad del siglo pasado Cuba contaba con leyes en materia de derechos para las mujeres y las niñas muy avanzadas en la región, durante los últimos diez años ha quedado a la zaga al respecto. En la práctica, por ejemplo, el Estado cubano no cumplió con la Estrategia de Montevideo ni con el Compromiso de Buenos Aires; y solo en algunos casos tomó medidas muy superficiales que a duras penas maquillaron la desatención que en la isla reciben estos asuntos.

Las estadísticas sobre género —incluidas las referentes a feminicidios— eran inexistentes hasta junio de 2023, cuando fue publicado un puñado de datos imprecisos al respecto, todos correspondientes a 2022. Las cifras reconocidas, por demás, estaban muy por debajo del total que recogieron en ese periodo las activistas feministas cubanas. En la isla, además, el activismo feminista —y cualquier activismo independiente de las instituciones del Estado y el PCC— es criminalizado. Es por estas razones —el desconocimiento intencionado de las dimensiones reales del problema de los feminicidios y los obstáculos impuestos a posibles soluciones nacidas desde la sociedad civil— que no pocas activistas feministas del país catalogan al Estado cubano como «feminicida». 

Yanelys Nuñez, curadora de arte y activista del OGAT que reside actualmente en Madrid, se cuenta entre quienes defienden esta idea a pesar de que, dice, existan «algunas expertas» que desde los espacios oficialistas (medios de comunicación controlados por el PCC) se esfuercen en negarlo.

—Creo que el Estado cubano es feminicida porque promueve la inamovilidad total de sus instituciones, y también porque criminaliza el activismo que lucha contra la violencia de género. Si el Estado obstaculiza todas las vías de prevención que se pueden construir o no las impulsa y no colabora con actores de la sociedad civil que conocen el contexto y trabajan en el terreno, si no tiene voluntad para solucionar el problema, es un Estado feminicida.

Un criterio muy parecido comparte Elena Larrinaga, directora de la plataforma de activismo feminista Red Femenina de Cuba, también radicada en Madrid, quien declaró para este reportaje:

—Una de las obligaciones del Estado es proteger la integridad física de sus ciudadanas y ciudadanos. La dejación de esta función lo hace cómplice.

Yanelys Nuñez, curadora de arte y activista del OGAT.
Yanelys Nuñez, curadora de arte y activista del OGAT / Foto: UPR info.
Feminicidio, un término prohibido

Al menos desde 2019, el reconocimiento del término feminicidio figura entre las principales exigencias del activismo feminista al Estado cubano, que no le ha dado respuesta, ni siquiera con los cambios legislativos sobre el tema que significó la entrada en vigor en 2022 del nuevo Código Penal. La disputa ha involucrado, incluso, a personas con cierto peso político en el país, como es el caso de Mariela Castro Espín, hija de Raúl Castro, diputada al Parlamento y directora del Centro Nacional de Educación Sexual (CENESEX).

En mayo de 2022, en calidad de diputada, Castro Espín propuso tipificar el delito de «femicidio» en el Código Penal, que entonces se debatía en el Legislativo. Para sorpresa de muchos, la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) —organización estatal que agrupa a las mujeres del país, lo que le permite ser la única de su tipo permitida y legalizada— desestimó públicamente la iniciativa. Según la secretaria general de esta organización, Teresa Amarelle, la inclusión no era necesaria, ya que su «interpretación» sí estaba recogida en el Código Penal.

También Rubén Remigio Ferro, entonces presidente del Tribunal Supremo Popular, se negó a aceptar esta propuesta que, según él, «rompía con la tradición y la coherencia respecto a las figuras delictivas» que buscaba la nueva legislación. «No está la nomenclatura femicidio o feminicidio porque habría que establecer en el asesinato nomenclaturas distintas, como el infanticidio, por ejemplo», dijo Ferro.

Finalmente, el «asesinato de mujeres por razones de violencia de género» quedó establecido en la ley, no como un delito, sino como agravante de asesinato, en su artículo 345.2, que establece condenas a los victimarios de 20 o 30 años de privación de libertad, prisión perpetua o muerte.

Violencia de género, según el Código Penal Cubano:

«Tipo de violencia muy particular, que tiene como base la cultura patriarcal, que se asienta en la desigualdad de poder entre el hombre y la mujer. Como parte de ese dominio masculino, se ejerce la violencia como un mecanismo de control; la misma se sustenta en estereotipos sexistas, generadores de prejuicios que derivan en expresiones de discriminación por motivos de género, la orientación sexual, moral, simbólica, económica o patrimonial, e impacta negativamente en el disfrute de los derechos, las libertades y el bienestar integral de las personas; se presenta en ámbitos familiares, laborales, escolares, políticos, culturales y en cualquier otro de la sociedad; y su expresión más generalizada, frecuente y significativas es la que ocurre contra las mujeres».

Anexos (inciso x)

El abogado penalista cubano en funciones Julio Rodríguez[1] tiene hoy una vista oral en el tribunal para defender a un hombre que asesinó a su pareja cuando descubrió que le era infiel. No es el primer caso de este tipo que ha atendido a lo largo de su carrera.

—Ahora estaba hablando con un conocido y me contaba que todo el mundo en la comunidad sabía que esto podía suceder. Es una pena. Es un crimen que pudo haberse evitado— dice. 

Rodríguez no le llama «femicidio» o «feminicidio», sino que prefiere ajustarse al término que indica la ley. Según él, desde un punto de vista «estrictamente jurídico», que una palabra específica no tipifique un delito no empobrece la legislación.

—Si las consecuencias jurídicas son las mismas, no importan las palabras que se usen. El Código Penal, por ejemplo, no tiene escrita la palabra «parricidio», pero sí sanciona este delito. Además, la propia ley establece su concepto de violencia de género. Lo que sucede es que se trata de un concepto demasiado abierto, y la ley tiene que ser específica en estos casos, como lo es, por ejemplo, el Código Penal Federal de México, que considera feminicidios los crímenes que muestran al menos una serie de características muy concretas.

El término femicidio fue acuñado formalmente en 1992, en el libro Femicide: The Politics of Woman Killing, de las socióloga y activista Diana Russell y la criminóloga Jill Radford. Según estas autoras, se trata de un continuum de terror antifemenino que va desde los abusos verbales y la heterosexualidad forzada hasta la mutilación genital, y tiene como resultado la muerte. No obstante, este no es el concepto más acabado del término, ni el de mayor impacto socio político. El feminicidio, al menos en América Latina, tiene implicaciones que van más allá de la violencia machista de uno o más individuos, y eso se lo debemos a las investigaciones de la antropóloga mexicana Marcela Lagarde.

En 1993, Lagarde desarrolló una exhaustiva investigación sobre las elevadas cifras de asesinatos de mujeres que entonces comenzaba a registrar Ciudad Juárez, en el estado mexicano de Chihuahua. El resultado más conocido de sus estudios fueron los aportes teóricos que le brindó al concepto de Russell y Radford, además de la «latinización» de la palabra. Para Lagarde, el feminicidio no se limita a la misoginia del agresor, sino de una serie de condiciones que permiten que estos asesinatos ocurran: el silencio, la omisión, la negligencia y la colusión parcial o total de las autoridades encargadas de prevenir y erradicar estos crímenes. Cuando la antropóloga mexicana señaló al Estado como cómplice, el feminicidio adquirió inmediatamente un sentido político que es, en el fondo, la razón de que el gobierno cubano rehúye de la tipificación específica que le han exigido las activistas feministas.

El concepto de Lagarde ganó espacios en todo el mundo, especialmente en América Latina. Actualmente es asumido por prestigiosas organizaciones como el Comité de Latinoamérica y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM), que en su informe de Grupo de Trabajo sobre Femicidio/Feminicidio de marzo de 2011 defendió que se tipificara específicamente como delito, pues eso ayuda a visibilizar el contexto en el que ocurren las muertes de estas mujeres y, a su vez, contribuye a la creación de políticas públicas más eficientes para combatirlas y, sobre todo, evitarlas.

Cuestión de números

En su último estudio estadístico sobre feminicidios, la ONU reconoció que en 2021 fueron asesinadas 81 mil 100 mujeres en el mundo; de estas, 45 mil a manos de sus parejas u otros familiares. Es decir, cada hora son asesinadas cinco mujeres por el simple hecho de ser mujeres. En América Latina, según la CEPAL, ese mismo año hubo más de cuatro mil 570 víctimas de feminicidio, y una de cada tres mujeres declaró haber sufrido violencia física y sexual por parte de una pareja o expareja. Las cifras son escalofriantes, sin embargo, ambos organismos aseguran que todavía están muy lejos de reflejar la realidad, en parte debido a la falta de información contextual de los casos y también porque hubo algunos Estados que ni siquiera ofrecieron este tipo de datos. Cuba, por ejemplo, es uno de ellos.

En diciembre de 2015, la ONU dictó su Resolución A/RES/70/176 sobre la «Adopción de medidas contra los homicidios de mujeres por razones de género», en la que solicitó a los Estados miembros recolectar, desagregar, analizar y reportar datos sobre feminicidios. Este organismo pidió, además, que usaran en las estadísticas al menos dos categorías: «feminicidio de la pareja íntima o relacionado con la familia» y «otros feminicidios». Luego, en marzo de 2022, propuso a los Estados un marco estadístico enfocado en la medición de los feminicidios, que propone tomar en cuenta ocho aspectos muy específicos para catalogar estos delitos. Este último aspecto, incluso con el anuncio del pasado 18 de diciembre, ha sido ignorado por Cuba.

La primera estadística sobre feminicidios entregada por el Estado cubano a un organismo internacional fue la publicada por la CEPAL en su informe de 2019 de cara a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Los datos ofrecidos por Cuba, extrañamente, correspondían al año 2016. Según estas cifras, en ese entonces hubo en la isla una tasa de feminicidios cometidos por las parejas o exparejas de las víctimas de 0.99 por cada 100 mil habitantes de la población de mujeres de 15 años o más. De acuerdo al total de mujeres dentro de tal rango de edad que había en Cuba en 2016, se cometieron unos 47 feminicidios de este tipo, casi uno por semana. El dato representa, además, el 39 por ciento del total de mujeres asesinadas ese año, una cifra superior a la global reconocida por la ONU en 2017 (34.48 por ciento) y a las de países latinoamericanos como Perú, Chile y Panamá.

Antes del anuncio del pasado 18 de diciembre, los últimos datos publicados por la Oficina Nacional de Estadística e Información de Cuba (ONEI) sobre asesinatos de mujeres —«muertes por agresión», fueron llamados— corresponden a 2021. Ese año, las víctimas sumaron un total de 130, es decir, las mujeres representaron el 23 por ciento del total de las víctimas de homicidios cometidos en Cuba (565). Por supuesto, estos datos resultan insuficientes para conocer cuántos de esos homicidios fueron feminicidios. En 2021, además, fue aprobado el Decreto 198/2021, que dio luz verde al llamado Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres (PAM).

El PAM es una iniciativa del Ejecutivo cubano —específicamente de la FMC— que, se supone, está dirigida a «lograr mayor integralidad y efectividad en la prevención y eliminación de manifestaciones de discriminación contra las mujeres» y a influir en la capacitación de funcionarios y servidores públicos para incorporar cuestiones de género en la elaboración de políticas públicas. Sin embargo, no pasa de ser un gran marco de objetivos que, en la práctica, apenas han sido aterrizados. Quizás los dos puntos más claros del PAM sean la creación de un Observatorio de Cuba sobre Igualdad de Género (OCIG) y la aprobación de una Ley Integral contra la Violencia de Género. El primero se cumplió dos años después, aunque con cuestionables resultados. Del segundo no hay noticias hasta la fecha.

El OCIG fue creado en junio de 2023 con ayuda técnica y financiera de la CEPAL. Su objetivo declarado era «recopilar, procesar, visibilizar indicadores y analizar la información desde un enfoque de género y derechos, relacionados con la situación y posición de las mujeres y hombres en la sociedad cubana para fortalecer las políticas públicas dirigidas a cerrar las brechas de género». No obstante, nada de lo anterior se ha cumplido, y solo ha servido como una herramienta de propaganda política.

Hasta el momento en que se publica este reportaje, los datos sobre violencia de género publicados por el OCIG son los mismos que en 2019 Cuba presentó a la CEPAL. Respecto a los feminicidios —aquí identificados como «víctimas de homicidios intencional como consecuencia de la violencia de género»—, las últimas estadísticas datan de 2022 y son, cuando menos, cuestionables metodológicamente. Según el OCIG, el pasado año solo hubo 18 feminicidios en Cuba —para una muy conveniente tasa de 0.39 por cada 100 mil mujeres de 18 años y más—, pero esta información, en verdad, procede del subregistro de estadística complementaria del Tribunal Supremo Popular. En otras palabras, el Estado cubano se limitó entonces a registrar como feminicidios aquellos casos en que los agresores son apresados y condenados, lo que representa la mitad de los crímenes de este tipo identificados y comprobados por el OGAT, al menos en 2022. Fue el pasado 18 de diciembre que la Fiscalía General anunció que llevará un registro en tiempo real de las «muertes violentas de mujeres y niñas por razones de género» y reconoció que más de 16 mil mujeres y niñas en Cuba viven en situaciones de violencia.

La respuesta: «la Ley del Talión»

No fue sino hasta abril de 2023 que el presidente Miguel Díaz-Canel se pronunció públicamente por primera vez sobre la violencia de género. Su intervención, bastante escueta, se limitó a decretar que su gobierno mantendría una política de «tolerancia cero con la violencia machista». Para entonces, las activistas feministas habían confirmado 140 feminicidios cometidos en la isla desde 2019. La siguiente vez que el presidente aludió a los «férreos esfuerzos» de su administración por erradicar la violencia de género fue el 17 de octubre del mismo año, durante una entrevista en la que intentó minimizar sus desaciertos económicos contrastándolos con ciertos «logros» en materia de género que nunca especificó.

Pero ¿qué ha hecho realmente el gobierno cubano para combatir la violencia de género y, más específicamente, los feminicidios?

Los hechos demuestran que los «férreos esfuerzos» de Díaz-Canel —además de algunas acciones de propaganda política maquilladas de progresismo— se limitaron a la imposición de una legislación punitivista, a pesar de que los artículos 42 y 43 de la Constitución de 2019 le ofrecían la oportunidad de darle a este problema una respuesta mucho más integral.

Más allá del cuestionable OCIG, la solución que el gobierno encontró al tema de los feminicidios se reduce al Código Penal aprobado en 2022, que no tipifica este tipo de crímenes como un delito, sino que los considera un agravante del asesinato y de más de una decena de figuras delictivas. De hecho, según el artículo 75 de dicho Código, los tribunales pueden incrementar en un tercio el límite máximo del marco legal de sanción que corresponda a un delito si este fue cometido «como consecuencia de la violencia de género».    

Julio Rodríguez, que lleva varios años trabajando como abogado penalista en Cuba, opina que no fue hasta 2022 que el Estado cubano mostró preocupación en el tema de los feminicidios. Desde la aprobación del nuevo Código Penal, dice, es indiscutible que las autoridades del país tienen un interés muy marcado en castigar ejemplarmente estos crímenes.

—Es evidente y público el hecho de que el Estado ha reaccionado de alguna manera a los reclamos internos y de la comunidad de cubanos en el exterior, que le han dado a este tema un rol importante desde el punto de vista político. Ahora se ocupa de este tema, cierto, pero hay que decir que solo desde el orden penal actual.

Para Rodríguez es innegable que el Estado cubano se ha centrado en responder al fenómeno de los feminicidios con una política jurídica punitivista, lo cual, a su vez, resulta un serio problema en cuanto a la aplicabilidad de la ley y la justicia se refiere.

—Desde el punto de vista jurídico —dice—, si hay una intención política de perseguir algo y castigarlo ejemplarmente, el castigo será homogéneo y simétrico casi siempre. Pero resulta que el derecho es asimétrico y debe tener en cuenta circunstancias específicas, contextos, motivos, factores diversos. En Cuba siempre hay una extralimitación en el tema punitivo, no solo contra el feminicidio, sino contra cualquier manifestación en la que haya una indicación de que debe ser perseguida y fuertemente sancionada. Eso provoca una simetría en la que todos los que delincan en determinada figura de interés van a sentir el peso de una misma represión extrema o de una sanción muy severa.

Elena Larrinaga
Elena Larrinaga

Para la activista Elena Larrinaga, la respuesta punitivista del Estado respecto a los feminicidios no solo responde a una evidente intención política del régimen de limpiar su imagen represiva en otros ámbitos, sino que es también el procedimiento natural de una estructura machista y patriarcal que está instaurada en las instituciones públicas del país. En este contexto, opina, la violencia se entiende como solución y, a la vez, como única manera de ejercer control social.

—Abogo más por una sociedad donde prevalezcan los modelos de solución que no sean solo enfrentar la violencia con más violencia. Pero en Cuba esas otras prácticas se desconocen.

La psicóloga clínica Lilian Rosa Burgos, por su parte, considera que parte del trabajo de pensar en posibles soluciones al problema de los feminicidios pasa por analizar las características de los agresores y el contexto que propició que se volvieran victimarios, así como por la atención a las víctimas colaterales de estos crímenes. Burgos, cubana radicada en Estados Unidos, ha trabajado durante años con mujeres supervivientes a la violencia machista e incorporado la perspectiva de género a la práctica de la psicoterapia. Esta experiencia, dice, le ha permitido entender que el punitivismo, aunque muchas veces es defendido como un símil de justicia, tiene un efecto muy reducido en la lucha por erradicar determinada conducta si no viene acompañado de elementos como la reparación de las víctimas y la rehabilitación integral de los victimarios.

—El aprendizaje que se crea a partir de un enfoque punitivista es de conducta-castigo, que es muy limitado porque solo condiciona o refuerza comportamientos basados en el miedo. Es decir, la gente no hace determinada cosa porque sepa que está mal hacerla, sino por miedo al castigo. Esa manera de controlar la conducta, socialmente, es muy endeble.

Burgos considera, además, que la ejecución de penas excesivas como la privación perpetua de la libertad o la muerte —aunque la aplicación de esta última lleva dos décadas «congelada»— es insostenible en un contexto legal que hace apenas un año reconoció este tipo de delito, que ni siquiera ha sido tipificado correctamente.

—Se ha pasado de la nada a aplicar todo el peso de la ley sin que exista ninguna otra mediación. ¿Dónde queda la parte de trabajar con los agresores? ¿Cómo reeducar esos comportamientos específicos? ¿Qué proyectos existen para trabajar con ellos? No todo se puede tratar de meter gente tras una reja y ya. Si prácticamente no existen proyectos para trabajar con las víctimas, ¿qué podemos esperar del trabajo con los agresores? —dice.

Marthadela Tamayo, activista colaboradora de la Red Femenina de Cuba, parece tener muy claro qué acciones debe impulsar el Estado cubano en esta dirección.

—Acciones que, en verdad, no le representan ningún costo político. Debe dejar que existan casas de acogida o refugios para las víctimas de violencia de género, crear políticas públicas encaminadas a tratar este tema desde la educación para todas las edades, escuchar y permitir actuar a los colectivos feministas que han surgido de la sociedad civil, intercambiar con ellos, no impedir que se articulen y que tengan sus propios espacios educativos y de apoyo a las víctimas —dice Tamayo, quien también es miembro del Comité Ciudadano por la Integración Racial y de la Alianza Cubana por la Inclusión, ambas organizaciones civiles sin fines de lucro ni filiación política que trabajan por la erradicación de los estereotipos sociales y raciales.

Yanelys Núñez, por su parte, suma a las propuestas anteriores la idea de un fondo de ayudas a las mujeres víctimas de la violencia machista, la creación de un protocolo ante casos de desapariciones, acoso y amenazas, y la ejecución de un programa educativo en materia de género más efectivo que el propuesto por el PAM, que se centre en el personal de la policía y los trabajadores del sistema público de salud.

—La solución no puede ser mayores penas, sino la educación y la prevención. Sin embargo, no hay voluntad política en Cuba para emprender algo así. La FMC ni siquiera se ha pronunciado en favor de estas propuestas. Aunque dice representar a todas las mujeres cubanas, no es una organización feminista. La FMC es solo un brazo represor y ejecutor de las políticas autoritarias del régimen cubano —dice Núñez.

Para este reportaje intentamos comunicarnos con la FMC, pero no recibimos respuesta alguna.

Criminalizar el activismo

El 21 de noviembre de 2019, antes de la discusión del Código Penal, la creación del PAM y la primera declaración pública del presidente sobre la violencia machista, un grupo de 40 mujeres —activistas, artistas y periodistas independientes— presentaron una solicitud formal al Parlamento para que incluyera la redacción de una Ley Integral contra la Violencia de Género en el cronograma legislativo del siguiente año. El documento pedía la conformación de un grupo asesor de los legisladores que estuviera conformado por mujeres y hombres de distintas regiones del país y sectores sociales, así como la recepción y el procesamiento de propuestas de la ciudadanía durante la creación de la Ley. El Legislativo, por su parte, hizo caso omiso; los medios de prensa oficiales reaccionaron con hostilidad.

El 18 de agosto de 2020, el diario Granma, órgano oficial del PCC, publicó un artículo titulado «Revictimizada mil veces», que resultó un ataque directo al trabajo que hasta el momento venían haciendo los colectivos feministas cubanos en conjunto con la prensa independiente. Según el texto, hablar de feminicidios en Cuba era «un recurso de los medios financiados por Estados Unidos para la guerra comunicacional» contra la Revolución. Además, acusaba a quienes alertaban de estos crímenes de «impedir el análisis» e «ignorar las estadísticas», así como de «anular el trabajo de los verdaderos especialistas» en un momento en el que el Estado cubano no reconocía los asesinatos de mujeres por motivos de género y ni siquiera se preocupaba por disimular su desinterés al respecto.

Cuando este artículo fue publicado, hacía varios meses que el gobierno cubano había decretado la restricción de movimiento —con toques de queda incluidos— para frenar el impacto de la pandemia de Covid-19 en el país. Del 24 de marzo, fecha en la que iniciaron estas medidas, al 15 de octubre de 2020 ocurrieron en Cuba al menos 17 feminicidios y tres infanticidios relacionados a estos, todos cometidos en el hogar o en entornos familiares de las víctimas. Granma ni ningún otro medio o institución oficial los reconocieron. De hecho, si sabemos de estos crímenes, es solo gracias al trabajo de las activistas feministas.

Durante los meses del confinamiento, la plataforma feminista YoSíTeCreoEnCuba lanzó una línea telefónica para ofrecer ayuda legal y psicológica a las mujeres cubanas que sufrieran violencia por parte de sus parejas, exparejas u otros familiares. En cinco meses, esta plataforma acompañó a 30 mujeres víctimas de violencia física, psicológica, policial y sexual, así como a un caso de violencia obstétrica. Finalmente, en octubre de ese año, el Estado decidió tomar cartas en el asunto y dispuso de la línea telefónica 103 —ya utilizada para temas de adicción— para brindar apoyo psicológico a las víctimas de violencia de género. Dicha línea apenas se mantuvo en funcionamiento durante un año.

El gobierno cubano ha criminalizado el activismo independiente feminista y rechazado todas sus demandas. Sin embargo, el alcance mediático de estos colectivos y el hecho de que hayan asumido con muy pocos recursos y sin reconocimiento legal responsabilidades que corresponden al Estado, ha obligado a las autoridades cubanas a tomar algunas medidas —todavía insuficientes y superficiales— respecto al tema de los feminicidios.

Además de ser conocida por su trabajo en la Red Femenina de Cuba, Larrinaga es una miembro activa en organizaciones de corte más político como el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH). Por ambas labores ha recibido numerosos ataques y difamaciones por parte del aparato represivo y propagandístico del régimen. Esto último, dice, no ha detenido ni detendrá su activismo, como también cree que abogar por los derechos y la seguridad de las mujeres y, a la vez, por el respeto a las libertades políticas y civiles en Cuba no son posturas excluyentes entre sí. Desde el OCDH, Larrinaga ha llevado denuncias de violaciones de derechos humanos en la isla ante organismos internacionales como el Parlamento Europeo, mientras que desde la Red Femenina de Cuba ha trabajado en conjunto con colectivos feministas cubanos de la diáspora y organizaciones extranjeras como la Red de Mujeres de la Unión de partidos Latinoamericanos, Adelante Mujeres, Global Peace Women, Mujeres Demócratas Cristianas de América, entre otros.

—Quien conozca la realidad de Cuba sabrá que la estrategia del gobierno es el «divide y vencerás», que busca aislar y debilitar a la sociedad civil. En algún momento entendí que solo teniendo conciencia de colectivo se podía avanzar, y a eso he apostado. Como soy mujer, decidí que debía asumir el activismo feminista, pero eso no significa hacer dejación de otros; al contrario, creo que es necesario un espíritu integrador.

Yanelys Núñez también ha compartido el activismo político y por los derechos culturales con su labor feminista. Los primeros ataques que recibió por parte de los órganos represivos del régimen cubano ocurrieron en 2018, cuando se involucró con el Movimiento San Isidro en una campaña contra el Decreto 349, que buscaba engrasar y blindar la estructura legal que avala la censura artística en la isla. Debido a esto, emigró a España, desde donde ha colaborado con la Red Femenina de Cuba, la Alianza Cubana por la Inclusión y el OGAT. Para ella, la distancia no es excusa para no incidir en la vida política del país, sobre todo gracias a internet, que permite el trabajo conjunto entre activistas que residen en la isla y fuera de esta.

—La articulación del activismo feminista en Cuba se ha dado paulatinamente y de forma natural en los últimos años, sobre todo en las redes sociales. Por esta vía nos llegan las denuncias de los feminicidios que investigamos, pero también nos sirve para mantenernos comunicadas desde distintas ciudades del mundo. Cuba ya no es una isla, es transnacional, así que, en todos los aspectos, incluido el activismo, debemos superar ese «dentro de Cuba» y «fuera de Cuba», más con tanta migración y exilio que se han dado en los últimos tiempos.

Por su parte, Marthadela Tamayo opina que el activismo feminista no debiera solo ocuparse de los ataques que recibe de parte del gobierno cubano, sino de la violencia política que en general sufren las mujeres en la isla, sin importar si estas se cataloguen como feministas o no.

—Hay que denunciar también la violencia política que se ejerce sobre las defensoras de los derechos humanos, así como sobre las presas políticas, las periodistas independientes y todas las mujeres que hemos decidido participar de la vida pública del país, mujeres que hemos ganado espacios y que somos castigadas por eso —dice.

Ella misma es una de las dianas recurrentes de los ataques directos de los órganos represivos del régimen. En 2013 fue expulsada de la escuela en la que ejercía como docente por tener ideas políticas contrarias a las que promueve el gobierno, y desde 2017 cuenta con una orden de «regulación», término usado en Cuba para referirse a la prohibición arbitraria de salida del país. Durante los últimos tres años, además, Marthadela Tamayo ha sufrido desde arrestos domiciliarios hasta cortes de internet y servicios de telefonía móvil por su labor de activismo político y feminista.

Marthadela Tamayo, activista colaboradora de la Red Femenina de Cuba.
Marthadela Tamayo, activista colaboradora de la Red Femenina de Cuba.
¡Ley Integral contra la Violencia de Género ya!

Como en otras partes del mundo, el activismo feminista en Cuba ha aumentado su impacto social, y lo ha hecho nadando a contracorriente del Estado y con muy pocos recursos. Quizás su labor más identificativa y complicada sea la de los observatorios de género, cuyas colaboradoras, en buena medida, deben ingeniárselas para hacer su trabajo fuera del país.

El trabajo de los observatorios parte de un rastreo constante de denuncias en redes sociales o reportes de feminicidios en la prensa independiente cubana. Posteriormente, se le abre un expediente a cada supuesto caso, que solo es dado por cierto una vez que al menos tres fuentes directas lo confirman. Luego se investigan datos como qué tipo de arma se usó, la fecha y lugar del crimen, si hubo denuncias por acoso previas al feminicidio, si el victimario tenía algún vínculo con la víctima o si contaba con antecedentes penales, orden de alejamiento o carta de advertencia por parte de la policía.

—Toda esa información nos permite ver cómo están funcionando las instituciones policiales y jurídicas del país. Los resultados son alarmantes, de ahí que hayamos hecho tres llamados para que se declare en Cuba el estado de emergencia por violencia de género. Y las cifras que recogemos son solo un subregistro, por tanto, es muy probable que exista un número considerable de casos a los que no hemos podido acceder— explica Núñez.

Aunque estas cifras no sean el total real de casos, lo cierto es que los feminicidios registrados en Cuba han aumentado durante el último año, pero también lo ha hecho la capacidad organizativa y de articulación de las activistas feministas, así como del Observatorio de Género de YoSíTeCreoEncuba y el OGAT. Esta coincidencia, inevitablemente, pone sobre la mesa la posibilidad de una relación de causalidad. ¿Realmente se cometen cada vez más feminicidios en Cuba o es que los observatorios de género independientes han logrado confirmar más casos, que antes eran invisibilizados?

Para Elena Larrinaga esta pregunta no resulta nada sencilla de responder, aunque opina que es muy probable que ambos fenómenos hayan confluido. Yanelys Núñez, por su parte, prefiere no decantarse por una respuesta, sobre todo porque no existe una base de datos que permita saber de la incidencia de los feminicidios antes de 2019.

—Pero creo que el aumento de los feminicidios se debe, en alguna medida, al aumento de la violencia en las calles de la isla y a la grave crisis económica y política del régimen. Además, frente a la indiferencia de las instituciones, las mujeres están más desprotegidas. Todo eso está conectado e influye en que este año hayamos subregistrado más del doble de casos de feminicidios que en 2022.

No obstante, opina también Núñez, resulta innegable el trabajo de las feministas cubanas, no solo en el registro de los casos de feminicidio, sino también en la labor social y comunicacional que realizan, lo cual ha facilitado que la gente comience a llamar a este fenómeno por su nombre y que cada vez más personas acudan a ellas para denunciarlos. A pesar de estos considerables logros, los observatorios de género independientes cuentan todavía con muy pocos recursos y una red de colaboradoras bastante limitada. Sus esfuerzos, aunque son muchos, resultan insuficientes para enfrentar este problema, de ahí que la principal exigencia del movimiento feminista cubano sea la existencia de un respaldo legal completo y eficiente por parte del Estado; en otras palabras, una Ley Integral contra la Violencia de Género.

En febrero de 2023, la Red Femenina de Cuba publicó un comunicado en el que abogaba por un «nuevo ordenamiento jurídico» y una Ley Integral contra la Violencia de Género. El texto señalaba que el Código Penal vigente no se bastaba para responder al aumento de los casos de feminicidios, de manera que urgía crear un corpus legal que, además de no permitir la impunidad a cualquier tipo de manifestación de la violencia machista, garantizara la «protección más elevada a las víctimas y sus familias».

Apenas tres meses después, mientras las autoridades del país hacían alarde de sus «logros» en materia de género con la publicación de las 18 condenas a feminicidas dictadas en 2022, YoSíTeCreoEnCuba y la revista Alas Tensas emitieron una declaración conjunta en la que acusaban al gobierno de usar la causa de los feminicidios para presumir de un «populismo punitivo» y de aplicar «castigos ejemplarizantes» como forma de evadir sus responsabilidades en materia de prevención, reparación y garantía de no repetición de estos crímenes. El mensaje, además, volvía sobre varias de las exigencias del movimiento feminista cubano: la tipificación del delito de feminicidio, la legalización del activismo y la creación de una Ley Integral contra la Violencia de Género. Al reclamo se sumaron este año varios activistas de la comunidad LGBT+, quienes también solicitaron al Parlamento la creación de una normativa integral de Identidad de Género. El Estado cubano, como en otras ocasiones, hizo caso omiso a estas demandas.

La insistencia en una Ley Integral contra la Violencia de Género se debe a que esta podría, de un plumazo legislativo, sentar bases legales para la creación de un sistema estadístico que muestre cifras reales, así como las causas y el contexto de cada feminicidio; la implementación de protocolos de prevención y atención a las víctimas de violencia de género; la institución de refugios para estas mujeres y sus hijos e hijas; la atención temprana y especializada a los agresores; y la introducción de temas de género y feminismo en el sistema de enseñanza público. Pero, sobre todo, como apunta Elena Larrinaga, una Ley de este tipo obligaría al Estado a no esquivar sus obligaciones en la prevención de los feminicidios.

—Nosotras pedimos una y otra vez una Ley así porque esta sería de obligado cumplimiento para el gobierno, lo que abriría una vía para exigir y demandar legalmente a las instituciones públicas que no la cumplan. Es la única herramienta que nos permitiría hacer reclamaciones legales. Pero el Estado se ha negado a crearla, y lo hace porque hasta ahora ha practicado la violencia institucional impunemente, de manera que no puede lanzar piedras sobre su propio tejado. El Estado es, en fin, el primer maltratador en todos los niveles.

Nota

[1] El nombre ha sido cambiado en este reportaje a solicitud de la fuente, quien argumentó motivos de seguridad.

Darío Alejandro Alemán

Nació en La Habana en 1994. Periodista y editor. Ha colaborado en varios medios nacionales e internacionales. Actualmente se desempeña como jefe de redacción de la revista El Estornudo.

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