En el último círculo del infierno machista

¿Qué hacer ante la violencia feminicida?

Por Marta María Ramírez
Portada En el último círculo del infierno machista
Ilustración de Natalí Cardet Ricardo.

Desde 2019 hasta el 19 de diciembre de 2023, el Observatorio de Género de Alas Tensas (OGAT) y el Observatorio de Feminicidios de Yo Sí te Creo en Cuba (YSTCC) han confirmado 203 feminicidios en Cuba, 84 de ellos en lo que va de año. A esto se suman nueve intentos de feminicidios (uno vicario, uno social, y siete por parte de parejas y exparejas) y dos asesinatos de hombres por motivos de género (uno vicario y otro colateral).* En un panorama desalentador para muchas mujeres, ¿cómo saber si estás en una situación de riesgo y cómo pedir ayuda? ¿Cómo deben activarse las redes de apoyo y las instituciones del Estado?

En diálogo para El Estornudo, Miguel Lorente, médico forense, profesor de Medicina Legal de la Universidad de Granada, España, y renombrado experto en temas de violencia contra las mujeres, señala dos motivaciones básicas, y estrechamente vinculadas, para la violencia feminicida: 1) «entender que las mujeres son una especie de objeto, de cosa, que los hombres pueden utilizar»; 2) «la idea de posesión y dominio, de propiedad, que muchos hombres tienen sobre las mujeres y que da lugar a la violencia dentro de las relaciones de pareja o dentro del contexto familiar».

Guía con recursos para mujeres en riesgo de feminicidio, así como para sus redes de apoyo, instituciones y el Estado, que podrían salvarlas

YSTCC —la primera organización feminista para el apoyo y acompañamiento a víctimas de violencia de género en Cuba— ha constatado hasta el momento algunos patrones en los casos de feminicidio en la isla: «los golpes, amenazas, la violencia vicaria o el control que puede ir desde lo económico, hasta colocar rastreadores, revisar teléfonos celulares, el encierro de la víctima o el aislamiento de sus redes de apoyo», enumera la plataforma. Elena Larrinaga, presidenta de la Red Femenina de Cuba (RFC), señala igualmente que existen «elementos básicos comunes como la intimidación, la amenaza, la coacción, el abuso, la fuerza física, el control y el poder del agresor».

A nivel internacional, existen herramientas que permiten a las mujeres identificar cuándo están en una situación de riesgo para su vida.

La conocida Rueda de Poder y Control —una herramienta del Centro Nacional de Violencia Doméstica y Sexual de Estados Unidos que ha sido recomendada por la Organización de Naciones Unidas— permite identificar las pautas de comportamiento abusivo y violento empleadas por el maltratador para establecer y mantener control sobre su pareja afectiva. Entre las acciones violentas identificables por las víctimas y sus redes de apoyo, están el abuso económico, el uso de coerción y amenazas, la intimidación, el abuso emocional, el aislamiento, la manipulación de lo(a)s niño(a)s, el uso del privilegio masculino, así como minimizar, negar, culpar…

Por su parte, el Violentómetro —creado por la Unidad Politécnica de​ Gestión con Perspectiva de Género (UPGPG), responsable de incorporar la perspectiva de género en el Instituto Politécnico Nacional de México— facilita la visualización de las diferentes manifestaciones cotidianas de violencia machista. Este instrumento es recomendado por Ileana Álvarez, directora del OGAT, cuya web tiene una versión disponible.

Aunque ambos recursos parecieran dirigidos solamente a las víctimas, pueden ser empleados también por las redes de apoyo ante la sospecha de violencia feminicida.

La mexicana Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, del año 2007 (reformada en mayo de 2023), define el fenómeno en su Capítulo V, Artículo 21: «la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, las adolescentes y las niñas, producto de la violación de sus derechos humanos y del ejercicio abusivo del poder, tanto en los ámbitos público y privado, que puede conllevar impunidad social y del Estado. Se manifiesta a través de conductas de odio y discriminación que ponen en riesgo sus vidas o culminan en muertes violentas como el feminicidio, el suicidio y el homicidio, u otras formas de muertes evitables y en conductas que afectan gravemente la integridad, la seguridad, la libertad personal y el libre desarrollo de las mujeres, las adolescentes y las niñas».

Los estudiosos del crimen machista coinciden en que los feminicidios no ocurren solo el día que se arrebata una vida, sino que estos son la expresión más brutal, y final, de una violencia machista sistemática y sistémica, antecedida por violencias psicológica (también conocida como gaslight), económica, vicaria, sexual y simbólica.

Por su parte, Naciones Unidas subraya que un feminicidio no es solo el asesinato de una mujer por su pareja o expareja, sino también por razones sociales, culturales y, en general, por relaciones desiguales de poder. El organismo internacional señala ocho circunstancias que pueden coexistir (o no) en un caso de feminicidio: la víctima ya había sufrido violencias; se hallaba en situación de explotación ilegal; había sido raptada o secuestrada; trabajaba en la industria del sexo; sufrió violencias sexuales antes o después del asesinato; su cuerpo fue mutilado; su cuerpo fue depositado en un lugar público; se conocían el odio y los prejuicios del autor hacia ella.

El OGAT prefiere usar el término feminicidio «con la connotación que le atribuye la mexicana Marcela Lagarde, como un crimen de odio, misógino que ocurre en un clima de tolerancia estatal ante la violencia de género», y sostiene que ello es justamente lo que ocurre en Cuba, donde «el Estado no ha creado para las mujeres cubanas condiciones de seguridad y protección».

«No por gusto las instituciones paraestatales, como la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), evitan el uso de esta categoría, que tiene una fuerte connotación política», apunta Ileana Álvarez.

El 13 de enero de 2022, poco tiempo después de que en España se anunciara la ampliación legal de las categorías de feminicidio, tales incorporaciones fueron asumidas por los observatorios cubanos de Alas Tensas y Yo Sí Te Creo en Cuba. Publicaron entonces sus definiciones a partir de la norma española, que entró en vigor el 12 de septiembre de ese mismo año:

– Feminicidio de pareja o expareja: asesinato de una mujer, por machismo o misoginia, a manos de un hombre con quien sostiene o ha sostenido una relación íntima de pareja. (Constituyen los únicos que registra la institucionalidad cubana, según un informe que trascendió en 2019; algo que se ha confirmado en una reciente conferencia de prensa, luego de que incluso la oficialista Federación de Mujeres Cubanas reconoció un incremento nacional de los feminicidios).

– Feminicidio familiar: asesinato de una mujer por hombres de su entorno familiar (excluida pareja o expareja). Se incluyen en esta categoría los feminicidios por crimen de honor.

– Feminicidio sexual: asesinato de una mujer por hombres sin relación de pareja ni familiar vinculado a las violencias sexuales (definidas en España según la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre de garantía integral de la libertad sexual). Se incluyen en esta categoría los feminicidios por agresión sexual, los vinculados a la trata con fines de explotación sexual, prostitución, mutilación genital femenina, y los vinculados a matrimonios forzados.

– Feminicidio social: asesinato de una mujer por una agresión, de carácter no sexual, por parte de un hombre que no es familiar suyo y con quien no ha sostenido una relación de pareja (un desconocido, un compañero de trabajo, un vecino, un amigo, su empleador, etc.).

– Feminicidio vicario: asesinato de una mujer mayor de edad por parte de un hombre como instrumento para causar perjuicio o daño a otra mujer por razón de género. También se contabilizan «todos los y las menores de edad asesinados por cualquier tipo de violencia contra las mujeres», de acuerdo con el OGAT. «Se desagregarán en vicarios, si la mujer víctima de violencia no ha sido asesinada en el mismo suceso, y no vicarios, en caso contrario».

Las leyes españolas no contemplan los transfeminicidios o feminicidios por identidad de género, que los observatorios cubanos asumen como «asesinatos de mujeres trans, cometido con un agravante de odio por el simple hecho de ser mujer trans».  

El observatorio español Feminismo.net es aún más detallado en su clasificación; según sus detonantes y otras condiciones, encontramos: feminicidio lesbofóbico, feminicidio racista, feminicidio por tráfico y trata de personas, feminicidio como genocidio, crimen de lesa humanidad y como crimen de guerra.

En 2022, de acuerdo con el OGAT, 26 de los 36 feminicidios confirmados por ese observatorio fueron perpetrados por parejas o exparejas. También se registraron cuatro feminicidios sexuales, dos vicarios y uno social.

Para el primer semestre de 2023, el informe parcial del OGAT registraba 49 feminicidios; 42 de ellos fueron cometidos por parejas y exparejas, incluido uno tipificado como transfeminicidio. Otros dos fueron clasificados como femicidios familiares, mientras que cuatro fueron sociales y otro, de índole sexual

No. Es común leer a feministas que emplean el término de «hijos sanos del patriarcado» ante la insistencia social de patologizar una conducta criminal basada en el sometimiento de las mujeres y lxs cuerpxs feminizadxs en los espacios público y privado.

Lorente, en cambio, opina que «hablar de perfiles siempre es riesgoso. Supone situar el problema en circunstancias individuales o en contextos determinados. Pensar que hay un único perfil de maltratador es entender que solo unos pocos hombres van a llevar a cabo esa conducta, porque tienen una serie de características en su personalidad o en sus hábitos, como el consumo de drogas, que los llevan a actuar de ese modo». Según el experto español, sería «el componente de género» lo que permite «entender que las mujeres, bajo esa idea de propiedad o de cosa, pueden ser utilizadas por los hombres, hasta [llegar a] la violencia contra ellas. Y […] cualquier hombre que lo decida puede ejercer esta violencia», advierte.

En el discurso de muchos feminicidas parejas o exparejas suelen repetirse frases del tipo: «ella me engañaba»; «ella no quería volver conmigo»; «ella me reclamaba por el dinero»; «ella se exhibía demasiado», o «ella merecía que la castigara». Así al menos lo refleja «Víctimas y victimarios del feminicidio: un estudio desde los perpetradores del delito», realizado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Perú.

YSTCC reconoce que en el ámbito cubano «el perfil de los agresores es un tema pendiente». Según la experiencia de esa entidad en la comprobación y documentación de feminicidios, es «recurrente» el caso de «la pareja o expareja con antecedentes de violencia machista, ya sea con la víctima o con una pareja anterior». En algunas ocasiones, incluso, los victimarios han cumplido penas por delitos anteriores de esta índole.

El OGAT insiste en que «recopilar información [sobre] los agresores que aún no han sido juzgados o han huido luego de perpetrar el crimen es más difícil que obtener datos de las víctimas»; ello debido a que, según Ileana Álvarez, existe un «miedo a nivel comunitario a aportar alguna información».

«Por ejemplo, en 2022, de los 36 casos registrados, pudimos verificar que seis [agresores] tenían antecedentes de violencia machista, y en 30 casos […] no pudimos acceder a esta información», puntualiza la directora del OGAT.

Estos son solo algunos indicios para comenzar a estudiar la violencia feminicida en Cuba. No hay que olvidar que, en rigor, «no existe un perfil de agresor ni de víctima», tal como alerta Lorente. «Nos podemos encontrar con factores de vulnerabilidad en las mujeres y factores de estrés social en hombres, como el consumo de alcohol y otras drogas o situaciones de mayor tensión o conflictividad», acota el investigador. «Pero eso no genera la violencia. Solamente influye en la manera de ejercerla».

En el lejano 1986, una investigación —citada por Miguel Lorente— ya concluía que, en el caso de la violencia intrafamiliar, «el precipitante más influyente para la víctima es [justamente] ser mujer».

Aunque existen muy diversas características entre las víctimas de feminicidio, el OGAT indica que, en Cuba, desde que existen registros, la «franja etaria más afectada [son] las mujeres entre 15 y 30 años».

«El año pasado contabilizamos que 15 de los 36 feminicidios estaban en esta franja. Sin embargo, en lo que llevamos de 2023, la media está en 37 años», precisa Álvarez, quien enfatiza que hay feminicidios registrados en todas las franjas etarias.

Por otra parte, advierte que «un gran porciento de los feminicidios ocurre en el hogar (más del 50 por ciento en 2020, 2021 y 2022), lo que confirma que el lugar más peligroso para las mujeres es su propia casa».

«Es importante señalar que algunos de esos asesinatos con arma blanca incluyeron también torturas, ensañamiento, violaciones u otro tipo de agresiones», dice Álvarez, quien apunta a la adecuada tipificación de los hechos durante la investigación tras la muerte violenta de una mujer.

Cualquier otro tipo de análisis de los registros aportados por los observatorios cubanos resulta sesgado y fundamentalmente riesgoso para el reconocimiento y la prevención.

Lo que sí sabemos, aclara YSTCC, es que se trata de mujeres a las que «les ha fallado todo: las posibles redes familiares, el barrio, las organizaciones políticas y de masas, policía, fiscalía y tribunales».

YSTCC recomienda que, en caso de encontrarte en una situación de riesgo en Cuba, hagas uso de las siguientes herramientas:

–Llamar al 106. Este es el número telefónico habilitado para emergencias por la Policía Nacional Revolucionaria (PNR). En el epígrafe «¿Cómo usar la telefonía celular para emergencias ante violencia machista y riesgo de feminicidio inminente?», te mostramos variantes tecnológicas para su uso.

–Documentar la violencia y sus efectos (lesiones, etc.) —cuando no implique riesgo adicional— mediante fotografías, audios o videos.

–No eliminar probables pruebas mediante baños o el uso de productos de higiene hasta que la víctima no sea atendida por un médico legal.

–Acudir al médico para el tratamiento de las lesiones y para obtener un informe preciso sobre estas.

–Escribir detalladamente tu declaración/testimonio para minimizar la revictimización durante el proceso de denuncia policial.

–Acudir y permanecer acompañada durante el proceso de denuncia ante la policía. Se recomienda poner «en alerta a redes del barrio, centro de trabajo, amistades y familiares que puedan apoyar y acompañar de forma presencial».

–No consentir el careo con el agresor en fase alguna de la denuncia por violencia feminicida, aún menos cuando se trata de amenazas o violencias sexuales. Aunque está avalado por el Código Penal y documentado por sobrevivientes/denunciantes, YSTCC no recomienda este procedimiento y, de hecho, considera que «debería ser ilegal en el caso de las víctimas de violencias de género».

–Buscar un refugio temporal que el agresor no conozca.

–Las personas que han interpuesto una denuncia, y que permanecen en riesgo, deben exigir a la Fiscalía Municipal medidas de protección, incluidas «medidas cautelares efectivas para prevenir feminicidios».

–Buscar ayuda psicológica especializada una vez que se recupere de las heridas físicas.

–Buscar asesoramiento legal para evitar riesgos una vez que el agresor salga de prisión. Algunas mujeres se han visto en la necesidad de cambiar de domicilio o, incluso, emigrar.

Cuestionada acerca de recursos para ayudar en caso de riesgo de feminicidio, Ileana Álvarez remite al Directorio de Ayudas elaborado por el OGAT junto a los medios Alas Tensas y Árbol Invertido.

Existen funciones y aplicaciones para telefonía celular que permiten llamadas de emergencia. En España, donde existe una Ley Integral contra la Violencia de Género, la Policía Nacional ha recomendado públicamente el uso de «SOS de Emergencia», que permite emitir un aviso a las autoridades en caso de peligro, mientras, casi al unísono, alerta a tus contactos de emergencia (previamente seleccionados). Aunque esta no es una función diseñada solo para situaciones de violencia machista, podría ser útil para aquellas personas en riesgo en el contexto de «emergencia por feminicidios» que enfrenta Cuba.

Aquí se muestra cómo activar las llamadas de SOS Emergencias: en Iphone y en Android. En Cuba funciona si además se activa la geolocalización. Es importante verificar que esté en modo «discreto», de manera que no suene la alarma in situ y avise también al agresor.

Sí. En Cuba —de acuerdo con testimonios en redes sociales y la propia experiencia de activistas—, gritar consignas a favor o en contra del gobierno activa muchas alarmas sociales y políticas. Dado el contexto represivo en la isla, resultaría así más expedita la presencia policial en el lugar de los hechos.

A muchas mujeres les ha funcionado que varias personas aliadas llamen una y otra vez al 106. Estas deben informar quién está en riesgo, la dirección donde se localiza, y ofrecer una descripción que dé cuenta de la gravedad de la situación.

Si las mujeres en riesgo hacen su denuncia usando las etiquetas de YSTCC, la Red Femenina de Cuba o Alas Tensas, la publicación no solo se amplificará de inmediato, sino que esas organizaciones intentarán contactar a la víctima para confirmar, brindarle acompañamiento especializado y replicar la denuncia en sus redes sociales a fin de que adquiera mayor impacto entre la sociedad civil y las autoridades cubanas.

A continuación, algunas de las acciones desarrolladas, desde su surgimiento el 26 de junio de 2019, por YSTCC, las cuales han permitido un 100 por ciento de supervivencia de las 313 personas atendidas a través de su línea de apoyo (abierta en 2020):

–En los casos de riesgo de feminicidio acompañados por las activistas, siempre que ha sido posible, se activó «rescate»: sacar de manera expedita a las víctimas del domicilio donde conviven con el agresor y trasladarlas a espacios seguros.

–En otros casos, YSTCC ha orientado que se alerte a Fiscalía Municipal que sus vidas y las de hijxs están en peligro, exigir una solución inmediata, y moverse a sitio seguro hasta que no haya riesgo.

–Ha logrado el cambio de medidas cautelares a prisión preventiva hasta que se celebre juicio oral.

–Ha trabajado para mejorar el tejido de las redes familiares y vecinales efectivas.

–Ha acompañado de manera presencial.

–Ha activado redes públicas de denuncia, con el consentimiento de las acompañadas, para llamar al 106.

–En los casos en que lo anterior ha fallado, se recurrió —previo consentimiento de la acompañada— a la denuncia en redes sociales.

–Se ha preservado el anonimato de las mujeres detrás de la línea de atención y se han establecido protocolos de autocuidado para las participantes.

YSTCC realiza el mismo análisis en busca del sesgo de género como causa del hecho o como fuente de riesgo. Según la plataforma, «lamentablemente son los casos menos denunciados». Asimismo, señala que figuran entre los que más cuesta confirmar porque las personas en capacidad de hacer la denuncia (red de apoyo) podrían encontrarse igualmente en situación de vulnerabilidad.

Es muy frecuente que, antes de que la persona en riesgo de violencia feminicida por parte de su pareja o expareja pueda identificar lo que está pasando, y nombrarlo, sus redes de apoyo tengan indicios de la situación.

«Los familiares y posibles redes pueden pedir apoyo a YSTCC para orientarse [sobre] cómo tratar y acompañar a una persona en riesgo», dicen las activistas.

La mayoría de los delitos contemplados en el Código Penal deben ser denunciados por las víctimas; por lo que YSTCC aconseja a familiares que estén alertas, que conversen con la persona afectada y le muestren los recursos de apoyo existentes, y que, llegado el momento, le acompañen en su denuncia.

Recuerda la plataforma feminista cubana que «en caso de escándalos públicos, cualquier persona puede llamar al número de la policía para que se persone en el domicilio o el espacio público donde ocurra». Entonces queda en manos de los agentes policiales «si procesar al agresor por escándalo público (que supone una multa) o iniciar una investigación por otros delitos que sí debe denunciar la víctima».

Adicionalmente, YSTCC recomienda que, «si hay implicados y en riesgo menores de edad, acudir al Fiscal de menores del municipio para denunciar los hechos y que se inicie la investigación pertinente».

Desde el cierre de mi nota «Des-aparecidas en Cuba», los observatorios han confirmado feminicidios con desapariciones de otras siete mujeres: Isabel Rodríguez Díaz, María Cristina Rodríguez Rodríguez, Dayamí Hechavarría Rodríguez, Nectaly Aguirre Leyva, Aracelis Cala Pérez, Yailanis Lázara Pérez Camacho y, al cierre de este artículo, Yamilet de Jesús Domínguez Torres. Ocho cubanas y dos canadienses formaban el registro que construí en colaboración con YSTCC entre el año 2018 y 15 de febrero de 2023.

El acompañamiento a familiares en estos años revela la falta de protocolos para personas desaparecidas: la ausencia de alertas tempranas de desaparición e, incluso, la imposibilidad de asentar en la policía una denuncia antes de las 48 o 72 horas (suelen variar los plazos arbitrariamente) de haber sido vista la persona por última vez.

Según protocolos internacionales adaptados para Cuba, con el apoyo de Yo Sí Te Creo en Cuba, Cubalex, Alas Tensas y elTOQUE, lancé a inicios de 2023 dos alertas ciudadanas: #AlertaYeniset, para desapariciones de mujeres, y #AlertaMayde, para desapariciones de niñxs en la isla.

Las activistas saben —sabemos— que es imposible sustituir al Estado, tanto como que su deber es ayudar a las familias a buscarlxs, encontrarlxs, y presionar en todo momento a las autoridades insensibles. Esta es la ficha elaborada y utilizada a partir de ese momento (con las etiquetas correspondientes):

–Foto (con rostro identificable)
–Nombre completo
–Alias
–Si se ha realizado denuncia ante la PNR Número de registro/fecha
–Descripción física
–Color de pelo
–Color de los ojos
–Estatura
–Edad
–Marcas identificables: lunares, tatuajes, cicatrices
–Enfermedades crónicas
–Medicación
–Ropa que usaba la última vez que fue vista
–Lugar y día en que fue vista por última vez
–Lugar de residencia
–Teléfonos u otros datos de contacto
–Otro dato que se considere importante para la búsqueda

En Cuba no existe acompañamiento psicoterapéutico especializado para agresores. Pero estos pueden solicitar ayuda a las organizaciones del Estado; por ejemplo, a especialistas en psicología de su área de salud a fin de que, tras una evaluación preliminar, pueda ser remitido al profesional más adecuado según el caso. Además, podría entregarse voluntariamente a la policía —si ya ha cometido violencias físicas y/o sexuales— antes de convertirse en un feminicida.

Durante más de dos décadas activistas cubanas han alertado sobre la falta absoluta de protocolos efectivos y normas específicas para prevenir los feminicidios y propiciar el acceso a la justicia de las mujeres y cuerpxs feminizadxs en riesgo.

Cada vez se habla más sobre la ausencia de tipificación de los feminicidios en la legislación cubana —en la región, solo Cuba, Haití y República Dominicana no lo incluyen en sus respectivas legislaciones—; la oportunidad desechada al no incluirse en la última reforma del Código Penal (2022), donde estos hechos se definen como asesinato con «agravante de género», y, en definitiva, la postergación de una norma integral que exigen enfáticamente activistas feministas y organizaciones de la sociedad civil.

De acuerdo con YSTCC, la policía no siempre «recepciona denuncia»; es decir, los instructores penales no perciben el riesgo y «no se actúa de inmediato». De ahí que, señala la plataforma, la víctima regrese inerme «al domicilio o al espacio público donde se encuentra el agresor».

Por su parte, Cubalex —organización independiente consagrada al monitoreo de violaciones de derechos humanos en Cuba— confirma a El Estornudo que, pese al aumento de los feminicidios en la isla, «el Estado no garantiza mecanismos efectivos para la denuncia, y en algunas ocasiones se niega a admitir su tramitación con la debida oportunidad y diligencia».

Más allá de la falta de un sistema de alertas tempranas y de protocolos para la búsqueda de mujeres desaparecidas, tampoco existen en Cuba refugios especializados en la atención y protección de las mujeres víctimas de la violencia de género, las cuales se ven obligadas a seguir conviviendo con su agresor o acuden a refugios autogestionados con escasa o nula seguridad.

La mayor parte de los testimonios indican altas cuotas de revictimización por parte del aparato policial durante sus declaraciones, incluido el intento de minimizar los hechos.

Por supuesto, el Estado cubano no garantiza el acceso de las denunciantes a asesoría jurídica; ni siquiera atención médica y psicológica especializada (no revictimizante y con resguardo de la identidad, etc.).

Cubalex, que también colabora en el registro de feminicidios en Cuba, asegura que «la inclusión del concepto de violencia por motivos de género en el vigente Código Penal, si bien insuficiente, aumenta los marcos sancionadores de los hechos delictivos donde se aprecia esta circunstancia». La ONG especializada en temas jurídicos lo explica de esta manera:

–El Tribunal puede incrementar en un tercio el límite máximo del marco legal de la sanción en los delitos cometidos como resultado de la violencia de género o la violencia familiar. (Artículo 75.1 del Código Penal cubano).

–Prevé como circunstancia atenuante cometer el hecho como consecuencia de haber sido objeto, de manera continua y persistente, de violencia de género o de violencia familiar, proveniente de la víctima del delito. (Artículo 79.1. i del Código Penal cubano).

–En lo que respecta al delito de lesiones, contempla el incremento en un tercio de los límites mínimos y máximos de la sanción si son resultado de la violencia de género o la violencia familiar ejercida contra un ascendiente, descendiente o pariente hasta el cuarto grado de consanguineidad o segundo de afinidad, o contra la persona con la que mantiene o ha mantenido una relación conyugal o de pareja de hecho afectiva (artículo 350.1.a del Código Penal cubano). De igual forma, si se ejecutan por motivo de discriminación de sexo, género, orientación sexual, identidad de género, o cualquiera otra condición o circunstancia. (Artículo 350.1.b del Código Penal cubano).

–Posibilidad de imponer como sanción accesoria la de privación o suspensión de la responsabilidad parental, la remoción de la tutela, o la revocación del apoyo para personas en situación de discapacidad, en los casos de delitos vinculados a la violencia de género o familiar. (Artículo 43.1 del Código Penal cubano).

–Posibilidad de imponer la sanción accesoria de prohibición de acercamiento a las víctimas, perjudicados, u otras personas allegadas afectivamente a estas, consiste en que el sancionado no puede establecer contacto con aquellas por cualquier medio ni permanecer en un área o perímetro próximo a las mismas que determine el tribunal, con el propósito de proteger a las víctimas, perjudicados u otras personas allegadas afectivamente a estas, en los delitos cometidos como resultado de la violencia de género o la violencia familiar. (Artículo 58.1.2 del Código Penal cubano).

–Al momento de prestar declaración sobre hechos delictivos que evidencian violencia de género, y la víctima se encontrara en situación de vulnerabilidad, la misma tiene el derecho de solicitar a la autoridad que le permita declarar en privado, con la presencia de los representantes de las partes, y que su declaración sea examinada y filmada por personal calificado que garantice la mayor indemnidad posible, a fin de que se utilice la filmación en el juicio oral, sin necesidad de su presencia física. (Artículo 141.j de la Ley 143/2021, «Del Proceso Penal»).

–La obligación de la Policía, cuando investiga un hecho que evidencia violencia de género o familiar, de adoptar de inmediato las medidas requeridas para proteger a la víctima y tomar su declaración en condiciones que garanticen su seguridad e intimidad, para evitar su revictimización. (Artículo 155.3 de la Ley 143/2021, «Del Proceso Penal»).

–La necesidad de que las víctimas o los perjudicados en hechos por razón de género o de violencia familiar, den su consentimiento para el careo de testigos y de las víctimas y los perjudicados con imputados, con terceros civilmente responsables, y de estos entre sí. Dándose por terminado el careo cuando se retire tal consentimiento. (Artículo 283.1.3 de la Ley 143/2021, «Del Proceso Penal»).

–En los hechos de violencia de género o familiar en los que el tribunal decida examinar a la víctima, si es necesario, puede disponer que se escuche en privado, sin la presencia del acusado, y queda obligado a dar lectura a su declaración ante el acusado en el acto del juicio oral y público, a su regreso del examen. (Artículo 503.2 de la Ley 143/2021, «Del Proceso Penal»).

Al no existir en Cuba legislación específica contra la violencia feminicida, pues el personal médico y paramédico también carece de protocolos ah hoc para tratar a las víctimas en caso de que acudan a los servicios de salud.

Consultado para este texto, un médico general de un hospital habanero —quien pidió no ser identificado para no comprometer su situación profesional— consideró que «el personal sanitario no está capacitado para identificar a posibles víctimas de violencia de género. Esto suele hacerlo el especialista en medicina legal, que tampoco tiene el mandato, aun cuando pueda identificar las lesiones».

 «Debería existir la misma posibilidad de denunciar de facto [ante] las autoridades pertinentes […], como en el caso de menores de edad», dijo el doctor, y añadió que «los hospitales civiles podrían funcionar como refugios temporales para personas en riesgo de feminicidio».

En su opinión, un hospital, en tanto «institución pública», podría además «solicitar al Ministerio del Interior (MININT) la custodia de esa persona por un tiempo para que reciba todos los acompañamientos que necesita. Eso está establecido, por ejemplo, para personas con sanciones penales que necesitan ser tratadas en hospitales civiles, y se le pone vigilancia policial», explicó.

Durante ese periodo, dijo, deberían tratarse no solo «lesiones físicas», sino también aquellas «lesiones psicológicas». De hecho, el facultativo razonó que el personal sanitario debería mantener contacto directo y legal con las plataformas del activismo feminista que se encargan de acompañar a víctimas de violencia de género y personas en riesgo de feminicidio.

Por su parte, YSTCC coincide en que, «cuando los médicos detectan lesiones o indicios de violencia, [deberían] denunciar de oficio, pero no lo hacen, menos [aún] si las lesiones no son visibles».

Nada de lo anterior se contempla en el Anteproyecto de Ley de Salud Pública que ya fue aprobado por el Consejo de Ministros y que deberá sancionar el Parlamento cubano antes de que finalice 2023. La inminente norma apenas se refiere de manera general a esta cuestión en su Artículo 128: «El Ministerio de Salud Pública, en lo que le corresponde, diseña las estrategias de Salud para prevenir y atender los daños a la salud derivados de las manifestaciones de violencia, la recuperación de víctimas y victimarios y otros comportamientos sociales con impactos en la salud y el bienestar de las personas, las familias y la sociedad en general».

La sociedad civil cubana, a través de la campaña Metiendo Cuerpos, propuso una Agenda de Género para la Ley de Salud Pública con enfoque de género y derechos humanos, la cual aboga por una medicina participativa. A continuación, citamos algunos de sus puntos esenciales:

26. Protocolos específicos de salud en la prevención, detección temprana y atención a personas afectadas por la violencia de género, que incluya la atención a agresores.

27. Crear grupos de trabajo para y con agresores, establecer bases de datos y producir investigaciones que permitan conocer sus perfiles, como parte de un trabajo conjunto con operadores del derecho (medicina legal también).

28. Reconocer la violencia ginecobstétrica y crear mecanismos de prevención y políticas de tolerancia cero en todo el sistema sanitario.

29. Establecer protocolos médico-legales ante casos de violaciones y otros tipos de abuso, que especifiquen la actuación en caso de niñes y adolescentes.

30. Permitir instituciones independientes para investigaciones relacionadas con la gestión pública de la salud, que incluyan la revisión de la actuación de Medicina Legal.

43. Regular el consentimiento informado con enfoque interseccional (género, edad, color de la piel, religión, clase social, situación de discapacidad, entre otras).

44. Desagregar las estadísticas sobre muertes violentas de mujeres que incluyan a las mujeres trans, revisar y actualizar las causas de muerte de acuerdo a las metodologías de feminicidios, desagregar estadísticas sobre muertes violentas de personas LGBTIQA+. Para ambos casos, publicar estadísticas sobre otras agresiones sufridas por estos grupos poblacionales, además de incluir información relativa a color de la piel, edad, lugar de residencia, entre otros indicadores.

45. Incluir en los programas curriculares de formación de los profesionales de la salud los temas sobre sexualidad y género, con enfoque de derechos humanos.

46. Actualizar el Código de Ética Médica, con la aplicación de un enfoque bioético deliberativo integrador de los principios de autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia, dignidad humana, igualdad y no discriminación, vulnerabilidad humana.

Al respecto, el profesor Miguel Lorente sostiene que el personal sanitario deber «ser consciente de que toda situación que afecte la salud de las personas y que conlleve a la violencia, es una responsabilidad profesional que tenemos como representantes del ejercicio de la medicina y la salud. No es una opción».

El experto en medicina legal recuerda que, según la ONU, al menos un 20 por ciento de mujeres violentadas acude a los servicios sanitarios. De ahí que «formarnos, exigir que nos formen, que nos den medios, protocolos…», dice, sea un imperativo para los profesionales de la salud. «Mientras nos dan todos esos recursos», insiste en diálogo para El Estornudo, «tenemos que poner todo nuestro conocimiento al servicio de resolver los casos y atender, en el plano físico y emocional, a todas las mujeres y a sus hijos e hijas, que también acuden con frecuencia a nuestros servicios».

Ya sabemos que la política cultural y comunicacional cubana está definida por la máxima de Fidel Castro: «Dentro de la Revolución, todo; contra la Revolución, nada».

En 2018, tras mucha presión, también ejercida a través de instituciones del Estado, aparece por primera vez una norma que incluye sancionar patrones de comunicación machistas en las manifestaciones artísticas:

ARTÍCULO 3.1. Se considera contravención cuando una persona natural o jurídica en la utilización de los medios audiovisuales muestre en ellos contenidos con:
a) uso de los símbolos patrios que contravengan la legislación vigente;
b) pornografía;
c) violencia;
d) lenguaje sexista, vulgar y obsceno;
e) discriminación por el color de la piel, género, orientación sexual, discapacidad y cualquier otra lesiva a la dignidad humana;
f) que atente contra el desarrollo de la niñez y la adolescencia; y
g) cualquier otro que infrinja las disposiciones legales que regulan el normal desarrollo de nuestra sociedad en materia cultural.
2. Las conductas previstas en el apartado anterior se consideran muy graves.

ARTÍCULO 4.1. Igualmente, constituyen contravenciones cuando una persona natural o jurídica incurra en alguna de las conductas siguientes:
a) difunda la música o realice presentaciones artísticas en las que se genere violencia con lenguaje sexista, vulgar, discriminatorio y obsceno […].

Pero casi nadie reparó en estos reclamos que concedía en el Decreto-ley 349, el cual, por otro lado, coartaba las libertades de expresión y de creación artística en Cuba. Enfocado en esto último, nació la campaña #NoAl349 que catapultó en la esfera pública, entre otros actores, al Movimiento San Isidro. En su momento, el poder adujo que tal decreto no había llegado a implementarse, lo cual —de ser cierto— habría constituido una victoria de los artistas independientes, pero también, en cierto modo, una mala noticia para quienes exigen que se destierre el lenguaje sexista y discriminatorio en los medios de comunicación.

Ciertamente, esa legislación junto a otras como el Decreto-Ley 370 y el nuevo Código Penal criminalizan aún más —incluido el frecuente expediente de «mercenarismo»— las expresiones artísticas no avaladas por el Estado y, asimismo, el periodismo independiente, el único que ha publicado las denuncias sobre violencia machista y feminicidios en Cuba, así como el activismo de la ciudadanía, y en específico el feminista, que alerta sobre estos hechos y los confirma a través de las redes sociales y la prensa no estatal.

En este contexto, la plataforma Yo Sí Te Creo en Cuba aboga por que la prensa independiente «deje atrás trabajos solo de denuncia de caso a caso para realizar análisis más de fondo, usando y promocionando los pocos recursos disponibles para las víctimas, contribuyendo a identificar soluciones desde la ciudadanía, erradicando la revictimización, espectacularización y cosificación en sus trabajos periodísticos».

Ileana Álvarez agrega que los medios deberían «apoyarse siempre en personas expertas en género para todos sus contenidos, y en los observatorios de OGAT y Yo Sí Te Creo en Cuba para cobertura sobre feminicidios y violencias machistas en Cuba».

Los feminicidios e intentos de feminicidio en la isla pueden ser denunciados a través de entidades de la sociedad civil como los observatorios YSTCC y OGAT, Cubalex o la Red Femenina de Cuba.

Hasta el momento, la voz de alarma suelen darla los familiares o vecinos de las víctimas. Estas organizaciones respetan el anonimato de las fuentes, así como de la red de activistas —quienes realizan las verificaciones— distribuida por toda Cuba.

Es importante tener en cuenta algunos datos para el reporte de feminicidios. El OGAT tiene un formulario en línea para «informar sobre asesinatos de mujeres», los cuales a continuación deberán verificarse antes de ser asumidos como feminicidios.

Básicamente se necesitan los siguientes datos:

–Provincia donde ocurrió (Incluye la respuesta No sé).
–Municipio o lugar del hecho.
–Tipo de agresión (Con arma blanca, Con arma de fuego, Golpes, Asfixia, Otro, Se desconoce).
–Domicilio.
–Nombre.
–Apellidos.
–Identidad (Incluye también a mujeres trans, niña, niño).
–Otros datos de la víctima (Sugieren: estaba casada, edad, trabajo, ¿dejó personas dependientes ancianos, hijos/as?,[1] ¿había sufrido agresiones antes?, etc.).

Adicionalmente, presentamos los contactos de YSTCC (la Línea atiende de lunes a viernes, de 10:00 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 7:00 p.m.):

–Teléfono (también con *99), Whatsapp y Signal: +53 5 2652798
–Messenger Yo Sí Te Creo en Cuba
–Email: [email protected]

De la Red Femenina de Cuba

–WhatsApp: +34 625 484574
–Email: [email protected]

Y de Cubalex

–WhatsApp: +1 901 267 4974
–Email: [email protected]

[1] Puede incluirse, entre aquellos que la víctima tenía a su cuidado, a personas con otras capacidades. Igualmente, es mejor si se especifican las edades de los menores de edad.

Durante los últimos años, los observatorios han constatado un aumento en los reclamos de pena de muerte para los feminicidas por parte de familiares, sobrevivientes de feminicidios y la ciudadanía en general. Se trata de una figura refrendada por el Estado en el último Código Penal, aun cuando se ha mantenido en moratoria tácita desde 2003, y antes solo se empleó para delitos «contra la seguridad nacional». En todo caso, desde las experiencias feministas, se sabe que la pena capital no solucionará el problema de los feminicidios.

Si los registros de los observatorios de Alas Tensas y Yo Sí Te Creo en Cuba indican que más del 50 por ciento de los feminicidios entre 2020 y 2022 ocurrieron en los hogares, el recurso de los refugios acaso habría podido salvar a muchas de las víctimas de feminicidio.

YSTCC no espera que el régimen cubano destine presupuesto alguno a una iniciativa como la creación de refugios para mujeres sometidas a violencia de género o, incluso, bajo amenaza feminicida. «Todas las cosas que han realizado [vinculadas con este tema], ha sido con apoyos de la cooperación internacional», señala la plataforma. «Tampoco legaliza ni permite que operen legalmente las iniciativas que pudieran implementarlos desde la sociedad civil».

Las activistas han documentado casos específicos en que personas a título individual o grupos de ciudadanos han dado refugio a mujeres e hijxs violentadxs. «Pero», insisten, «es algo imposible de realizar desde la sociedad civil cubana, de forma organizada y segura, para todas las personas implicadas, debido al sistema totalitario».

Estos espacios necesitan condiciones de seguridad muy altas por razones obvias —subrayan las integrantes de YSTCC—, y deben funcionar sobre la base de relaciones de respeto con las autoridades. «Estas deben entender que no pueden tener pleno conocimiento ni autoridad sobre los refugios, dado que estos también tienen que salvaguardar a las esposas de policías, funcionarios, etc. Por otro lado, debe existir una cooperación para que los refugios puedan contar con personal propio de seguridad, que cuente con toda la legalidad para operar», puntualizan.

YSTCC tampoco es optimista en ese sentido: «Nada de esto es posible ahora mismo en Cuba, donde la policía, la regular y la política, puede intervenir en un refugio independiente sin ningún problema. Y un refugio sin garantías de seguridad para todas las personas que acoge no puede sencillamente ser un refugio».

¿No? Este es el enlace a «Nos están matando». «El Estado de emergencia es una medida de acción en situaciones de crisis que permite alterar los procesos legislativos vigentes para así proteger un bien mayor», explica Elena Larrinaga, presidenta de la Red Femenina de Cuba.

Según la activista, el propósito específico es minimizar la pérdida de vidas y acelerar al máximo la recuperación y rehabilitación de las personas afectadas por la violencia de género o bajo amenaza de feminicidio. El estado de emergencia, enfatiza Larrinaga, permitiría llevar a cabo múltiples acciones «sin el impedimento de leyes, reglamentos y procesos administrativos vigentes» y, de hecho, superar la crisis «a falta de una solución alcanzable bajo los poderes ordinarios del Estado o sin el menoscabo de derechos individuales».

El 21 de noviembre de 2019 un grupo de 40 mujeres feministas cubanas entregamos al Parlamento** una demanda cuyos puntos fundamentales se resumen a continuación:

–Incluir en el cronograma legislativo previsto en la disposición décimo tercera de la vigente Constitución de la República, la elaboración de una Ley Integral contra la Violencia de Género.

–Constituir un grupo asesor cuya composición fuese de conocimiento público, integrado por personas con trabajo en el tema, que acompañase el proceso de redacción del proyecto de Ley. Se solicitó que en el grupo hubiese representación de distintas regiones del país y sectores sociales.

–Recibir y procesar propuestas de la ciudadanía en el proceso de elaboración de la Ley Integral contra la Violencia de Género.

El 10 de enero de 2020, las autoridades respondieron que habría que esperar hasta 2028.

En medio de los últimos acontecimientos se ha comenzado a reconocer la violencia machista del Estado no solo contra las víctimas a las que desampara, sino contra las activistas que lo enfrentan. Un punto que no tuvo consenso en el documento entregado a los legisladores en 2019.

Actualmente, en nuestra región, solo Haití, República Dominicana y Cuba carecen de normas que siquiera tipifiquen el feminicidio. «Una ley es necesaria. Pero, si no va a ser implementada o [va a ser] vagamente implementada, como lo ha sido el Código de las Familias, va a ser letra muerta. No estamos muy esperanzadas ahora mismo en acciones positivas que puedan venir del Estado-Partido», afirma YSTCC, responsable de aquella iniciativa legislativa.

El profesor Miguel Lorente sostiene que, más allá de retrocesos estadísticos en algunos periodos más o menos puntuales, se observa «una disminución del número de feminicidios» desde que España cuenta con legislaciones integrales contra la violencia de género. «Hay entre 20 y 24 por ciento menos de feminicidios ahora», asegura.

Teniendo en cuenta el contexto español, Lorente advierte sobre la necesidad de «ser conscientes de que estamos ante una realidad social dinámica y cambiante, y que todo lo que vamos haciendo en términos de políticas e iniciativas de igualdad, también las que luchan contra la violencia de género, hace que desde la posiciones machistas y conservadoras se produzca una reacción para intentar mantener su modelo androcéntrico, con sus referencias, como parte de la normalidad. Eso puede conllevar a un incremento de la violencia, y tenemos que tenerlo en cuenta para poner en marcha nuevas medidas que prevengan esa violencia y [que esta] no se traduzca en una situación más grave».

«La educación, la prevención, la detección, la protección y la sanción son elementos que forman parte de ese proceso transformador dirigido a erradicar el machismo», indica Lorente, quien, eso sí, coloca el énfasis en «la prevención, a través de la educación, y la detección de los casos, a través de un cribado en el servicio sanitario».

Todos esos objetivos, encaminados a «romper la dinámica actual», se incluirían en una legislación específica, e integral, como la que exige buena parte de la sociedad civil cubana a las autoridades de la isla.

Una Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans —conocida como Ley Trans o Ley de Identidad de Género— disminuiría las vulnerabilidades de esas personas en la actualidad y apuntaría a un futuro sin transfobias en Cuba, al garantizar sus derechos humanos como ciudadanxs y, también, como personas trans, no binarias e intersex… desde las infancias.

Notas

* Según un reporte del diario oficialista Granma, este 18 de diciembre, en el VII Pleno del Comité Central del Partido Comunista (PCC), la fiscal general Yamila Peña Ojeda informó que «al cierre de octubre del año 2023 se reportan 117 hechos por muerte violenta de mujeres», con mayor incidencia en las provincias de Matanzas, La Habana y Santiago de Cuba.

La nota habla de «femicidios» —en ningún caso de «feminicidios»—, pero no especifica si esas muertes violentas fueron por motivos de género. Además, resulta ambiguo el marco temporal al que remite el informe de la citada funcionaria. Ni las autoridades ni Granma ofrecen otros detalles relativos a la identidad de las víctimas o los contextos en que tuvieron lugar esos hechos. Tampoco explicitan la metodología empleada para conformar este registro oficial, lo que impide su cabal comprensión e interpretación en la esfera pública.

Debido a la falta de transparencia en las estadísticas gubernametales, este texto trabaja con los subregistros publicados hasta la fecha por los observatorios que laboran de manera independiente.

** Para este artículo fueron contactadas por email, el martes 28 de noviembre, la parlamentaria cubana y representante de Cuba ante la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) de Naciones Unidas, Yamila González Ferrer; la parlamentaria cubana y presidenta de la Federación de Mujeres de Cuba (FMC), Teresa Amarelle Boué, y la parlamentaria cubana y directora del Centro Nacional de Educación Sexual (CENESEX), Mariela Castro Espín. Todos los emails fueron enviados, además de a las direcciones de correo electrónico de sus respectivas organizaciones, a la Asamblea Nacional del Poder Popular.

Marta María Ramírez

Periodista y activista feminista autónoma cubana. Madre por Nina. Figura entre las 40 mujeres firmantes de la petición al parlamento cubano de Ley Integral contra la violencia de género. Colabora en la verificación de feminicidios y en alertas de desapariciones, aunque su agenda es más amplia. Exiliada en España por su trabajo, casi siempre es fuente. Pero la invitamos y accedió.

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